Granada - Salud atendió a más de 600 víctimas de malos tratos en 2003, la mitad de ellas reincidentes

El juez decano pide que las órdenes de protección sean de 24 horas al día

GRANADA, 5 (EUROPA PRESS)

Un total de 618 personas, 85 de ellos hombres, fueron atendidas en servicios de urgencias o centros de salud de la provincia de Granada, durante 2003, 34 de ellas víctimas de agresiones sexuales, 539 de palizas, 23 por agresiones psíquicas y 22 por física-psíquicas, según datos del Informe Clínico de Violencia de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía presentado ayer durante la reunión de la Comisión Técnica de Violencia Doméstica donde se encuentran integrados jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y técnicos provinciales de las distintas delegaciones de la Junta de Andalucía.

Según este informe, el 48,8 por ciento de las víctimas han sufrido agresiones con anterioridad. El porcentaje de mujeres atendidas por los centros de salud fue del 86 por ciento frente al 13,8 por ciento de hombres, aunque estos últimos presentaban en su mayoría agresiones producidas en defensa por parte de la víctima. El 8,4 por ciento fueron niñas menores de 15 años, en la mayoría de los casos por agresiones sexuales, mientras que la mayor franja de afectadas --un 39,8 por ciento-- se da entre los 26 y los 41 años de edad, seguida de las mujeres que tienen entre 41 y 55 años --un 21 por ciento--, entre 15 y 26 años --un 21,7 por ciento-- y más de 55 años --un 9,1 por ciento--.

Respecto al tipo de agresión, se declaran con mayor frecuencia las lesiones físicas y pocas veces de habla de afectación psicológica, lo que a juicio de la Delegación de Salud, "demuestra que hay que hacer más hincapié a los facultativos para que recojan en el informe el estado psicológico de la víctima, cuando acude por lesiones físicas". Este mismo informe, destaca también que en los hombres rara vez se da la violencia psicológica.

La derivación a los servicios de Salud Mental "es muy baja". El 86 por ciento de las mujeres agredidas no son derivadas, y de los 52 casos atendidos a menores de 15 años, tan sólo uno fue atendido por estos servicios. Tampoco es frecuente la derivación a Trabajo Social, ya que del total de las mujeres atendidas, sólo el 17,8 por ciento lo fueron además por un trabajador social.

La mujer es el sector de población que más sufre este tipo de agresiones, seguidos en un 18 por ciento de los casos de otros miembros de la familia, la mayoría de las veces, menores de edad. Sin embargo, sólo el 26,2 por ciento de las víctimas manifestaron ante el médico su intención de denunciar al agresor.

Actualmente, 277 mujeres maltratadas de Granada tienen una orden de protección que obliga a las fuerzas de seguridad a vigilarlas para evitar que su pareja vuelva a agredirlas, 93 por ciento de ellas en la capital granadina, Motril y Baza, mientras que el resto se localizan en municipios, la mayoría de menos de 20.000 habitantes.

De ahí que el Instituto de la Mujer en Granada propusiera en la reunión de ayer dotar de teléfonos móviles a las maltratadas residentes en los pueblos y "articular una nueva unidad en la Guardia Civil que esté pendiente durante las 24 horas del día de cualquier llamada", según manifestó a Europa Press la responsable de la institución en Granada, Francisca Fuillerat.

ORDENES DE PROTECCIÓN DE 24 HORAS

Por su parte, el juez decano de los juzgados de Granada, Antonio Moreno, pidió que las medidas de protección sean de 24 horas "porque parece absurdo una protección parcial de 12, 14 o 18 horas", al tiempo que indicó que "corresponde a las fuerzas de seguridad en contacto con la víctima y no a los jueces determinar el sistema de protección más adecuado, porque de lo contrario obligaría a acordar expresamente al juez la protección policial 24 horas al día, los 365 días del año".

Asimismo, los representantes de las instituciones miembros de la Comisión Técnica de Violencia Doméstica, acordaron poner en marcha en los juzgados un protocolo para evaluar la intensidad del peligro de cada agresor "para así determinar la medida de protección más eficaz", tal como hizo "con gran éxito" hace ahora un año en un juzgado de Orihuela (Alicante).

Moreno, propuso "disponer de números de fax para comunicar las medidas a las fuerzas de seguridad u organismos a los que se acuerde", independientemente del registro ya puesto en marcha de violencia doméstica, así como establecer "contactos y convenios con el Colegio de Procuradores" para que aquella víctima que quiera personarse como acusación particular desde el principio pueda designar un procurador de oficio.

En este sentido, también indicó que "el juez no puede legalmente acordar la prisión provisional si ninguna parte personada se la pide", bien el Ministerio Fiscal o bien la víctima constituída en parte con abogado y procurador.

También se propuso crear una red de trabajadores sociales del ámbito sanitario en las poblaciones menores de 20.000 habitantes, e intensificar los programas formativos y educativos en los centros escolares, "ante el aumento de menores que bien son víctimas o bien agresores", según Francisca Fuillerat.

La reunión del Consejo se produjo a raíz de la alarma social creada por los dos últimas víctimas de violencia doméstica, Ana López en Guadix y Encarnación Rubio en Cúllar Vega, donde según los representantes institucionales "se puso en tela de juicio la aparente falta de conexión entre el momento en el que se dicta la orden de protección y su puesta en práctica por las fuerzas de seguridad".